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La Unión va a reclamar millones de euros a la Seguridad Social y a la Junta por la ratificación de un convenio del campo «ilegítimo»

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Tras la sentencia del TSJEx que anula el convenio colectivo del campo de Extremadura aplicado en los años 2019 y 2020 «por falta de legitimación de Asaja, UPA-UCE y COAG para representar a la parte empresarial», La Unión Extremadura va a interponer sendas reclamaciones a la Tesorería General de la Seguridad Social y a la Junta de Extremadura para que se devuelva a los empresarios agrarios extremeños las cantidades que los mismos han pagado «de manera ilegítima», según se desprende de dicha sentencia.

          El convenio anulado contempló una subida salarial del 26,76 % tanto en los salarios como en las cotizaciones a la Seguridad Social.

          «Recordemos que el juzgado ha dictado como hechos probados que los negociadores por la parte empresarial  representaban al 20.1 % de las empresas y afectaba al 19,3 % de los trabajadores, y que, aun así y todo, firmaron un convenio colectivo que pretendían aplicar al 100 % de los empresarios».

          «Cuando en enero de 2019, La Unión solicitó formar parte de la mesa negociadora del convenio del campo, la Dirección General de Trabajo nos exigió para autorizarnos  a formar parte de dicha comisión negociadora que justificásemos que representábamos a más del 10 % de los empresarios que daban trabajo a más del 10 % de los obreros agrícolas. ¿Por qué motivo no se exigió este mismo requisito al resto de OPAS antes de publicar en el DOE dicho convenio? Las subidas salariales aprobadas en el convenio anulado solo son aplicables a los firmantes de dicho convenio, por lo que a los agricultores y ganaderos afiliados a Asaja y a UPA (los listados de estos empresarios fueron aportados por estas organizaciones al juzgado) se les aplicó un salario para los eventuales de 46,33 € en el año 2019 y  de 48,89 € en el 2020, pero, en cambio, a los empresarios que no estén afiliados a estos organizaciones se les tiene que aplicar un salario de 38,57 € por jornada. Por esta negligencia de la Dirección General de Trabajo, los empresarios extremeños han pagado en salarios 27,16 millones de € más en el año 2019 y 36,12 millones de € más en el 2020. Exactamente igual ocurre con las cotizaciones sociales. Estos mismos empresarios han cotizado 6,68 millones de euros más en el 2019 y 8,89 millones de eurosmás en el 2020».

                                    La Unión Extremadura va a presentar una reclamación a la Tesorería General de la Seguridad Social para que devuelva a los empresarios extremeños los 15,57 millones de euros cotizados «indebidamente, y vamos a reclamar a la Junta de Extremadura, como responsable subsidiaria, el pago de 63,28 millones de euros pagados de más de manera indebida en salarios por la elevación a rango de convenio colectivo de un acuerdo que solo debería haber afectado a los firmantes».

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