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Ramírez reconoce su deseo de que la refinanciación del pago a proveedores hubiera sido «voluntaria»

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El pleno del ayuntamiento ha aprobado con los votos a favor de PSOE y Ciudadanos y en contra de PP y Vox la nueva financiación de los 5,5 millones de euros que quedan pendientes por pagar del plan de pago a proveedores al que se adhirió el gobierno popular en 2012.

El pasado 14 de marzo, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos aprobó “medidas de apoyo” a las entidades locales en lo referente a aplicación de retenciones de la participación en tributos del Estado y en los préstamos formalizados por los ayuntamientos en situación de riesgo financiero. En este segundo caso se engloban los planes de pago a proveedores que se aplicaron tras la llega al poder del gobierno de Rajoy.

El Ayuntamiento de Almendralejo, que tenía una deuda con proveedores de 10 millones de euros a mediados de 2011, puso en práctica dos planes formalizando 13 operaciones de crédito con diversas entidades financieras.

Con este acuerdo, los 5,5 millones de euros pendientes de amortizar, hasta la finalización de la vigencia de los prestamos, a finales de 2023, se abonarán en dos anualidades: 2022 y 2023, por lo que en los años 2020 y 2021 no se amortizaría capital.

Lo cierto es que es obligatorio adherirse a estas medidas del Gobierno, por lo que el PP no entiende que haya tenido que pasar por pleno, ya que “no es vinculante”, ha afirmado Lobato, quien pidió al pleno que no se aprobara y que el alcalde hablara con el ministerio.

Hay que recordar que hay dos informes de intervención de fondos y tesorería que avisan de la “falta de capacidad” del ayuntamiento para amortizar la deuda en los dos últimos años (2022 y 2023).

El alcalde Ramírez ha acusado a Lobato de “no querer cumplir la ley. ¿Quiere que nos apliquen el 155?”, aunque sí ha reconocido que le hubiera gustado que fuera “voluntario” y no obligatorio. 

Ramírez y Juan Arias, de Ciudadanos, han echado en cara al PP que refinanciara 6 millones de deuda a corto en largo plazo en 2017, “que ahora tendrán que pagar los ciudadanos”.

Lo cierto que esa refinanciación no tiene nada que ver con lo que se ha aprobado en pleno. 

Ahora el prestamista no será el banco -se tuvieron que formalizar 13 préstamos con diferentes entidades en su momento- sino el ICO. Esta nueva operación va a suponer que el consistorio tenga que abonar 90 mil euros más de intereses hasta 2023.

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